White House secret memos kept secret to conceal government crimes

By MICHAEL KELLEY | BUSINESS INSIDER | FEBRUARY 24, 2013

The Obama administration’s classified legal memos justifying targeted killings contain potentially shady protocols with foreign governments and “case-specific” details of strikes, two sources aware of their contents told Krisitn Roberts and Michael Hirsch of the National Journal.

The accords with foreign governments — which include Pakistan and Yemen — are a key element excluded from the Department of Justice (DoJ) “white paper.”

A legal expert outside the government “who is intimately familiar with the contents of the memos” told the Journal that targeted-killing memos written by the DoJ’s Office of Legal Counsel (OLC) are being withheld to protect this information.

The Senate and House intelligence committees have only been allowed to examine four of the nine OLC memos.

The expert told the Journal that the administration believes Congress would leak the information to the public, which could be extremely embarrassing to the U.S. and its foreign partners given the unpopularity of the drone program and any legal or ethical liberties taken in the agreements.

The DoJ white paper summarized the legal reasoning behind targeting U.S. citizens abroad if they are believed to be senior leaders of al-Qaeda or “an associated force,” even if there is no evidence of an imminent plot against the U.S.

A former State Department legal counsel told the Journal that even if the memos contain secret protocols, there’s no reason why that information couldn’t be “redacted” and the rest of the memos released.

The legal expert noted that it’s unclear how many secret government-to-government protocols exist, but leaders of Algeria and Mali may have signed agreements.

¿Cuándo la percepción de legalidad dinamita la ética y la moral?

POR LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | FEBRERO 11, 2013

Las terribles consecuencias de tener un abogado como presidente de un país son bien conocidas. De acuerdo a muchos abogados, la legalidad, o la percepción de la legalidad prevalece sobre la moral y la ética. A veces, incluso en ausencia de legalidad, los actos inmorales y poco éticos se han cometido y justificado con poca o ninguna oposición de aquellos que, en otros casos, mantienen el poder de las leyes que benefician sus explicaciones sin fundamento.

La idea de que una persona o una persona en nombre de un país o un grupo se puede otorgar el poder para matar a otros que él piensa que son una amenaza, no tiene personería jurídica, moral o ética. Algunos abogados, sin embargo dicen lo contrario. Ellos explican que matar a alguien cuya culpabilidad aún no se ha demostrado puede ser legal en algunos casos. Utilizan criterios que supuestamente están contenidos en las leyes de seguridad internacionales, constitucionales y nacionales y las utilizan como justificación para ejecutar a alguien sin demostrar su culpabilidad o intención de cometer un delito, y al hacerlo, socavan el derecho a tener el debido proceso y el beneficio de ser juzgado según la ley.

El ejemplo más reciente de lo que llamo la “idiotez de la legalidad”, es la percepción expresada por Christopher Swift, profesor adjunto de Estudios de Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown. Durante una entrevista donde se le preguntó acerca de la legalidad, la moralidad y la ética que se utilizan para apoyar el asesinato de estadounidenses y miles de inocentes con aviones no tripulados, Swift plantea que dicha acción debe ser analizada a través de tres diferentes microscopios. En primer lugar, el aspecto legal, donde su posición comulga con las políticas asesinas del gobierno de Estados Unidos.

En el caso de Anwar al-Awlaki — un ciudadano estadounidense asesinado en Yemen por un ataque de aviones no tripulados — “cumplía la ley internacional”, dijo Swift, porque el hombre estaba en un país que autorizó a EE.UU. a utilizar aviones no tripulados en la lucha contra Al-Qaeda. Como todos sabemos a estas alturas, al-Awlaki era un agente de EE.UU. en la región. Él era un activo del gobierno de los EE.UU. que cenó en el Pentágono apenas unos días después de los ataques del 9/11. Él era un miembro de Al-Qaeda, la organización terrorista creada por el gobierno de los EE.UU. en la década de 1970, según lo dijo Hillary Clinton en Fox News.

“También cumple con la legalidad constitucional”, añade Swift. Él dice que un presidente de EE.UU. puede ordenar la muerte de un compatriota “, incluso si está en un país extranjero que está en guerra.” Swift basa su hipótesis en la afirmación desacreditada que al-Awlaki estaba conspirando para atacar a los Estados Unidos o un aliado de Estados Unidos.

Esta afirmación proviene del mismo gobierno de los EE.UU. para quien clérigo trabajaba, en cuyo caso las personas a ser juzgadas o asesinadas serían los miembros del gobierno que lo patrocinaron, y mantuvieron en secreto su apoyo a Al-Awlaki, supuestamente para llevar a cabo tales ataques. De hecho, existe un mecanismo legal para castigar a quienes atentan contra el país (EE.UU). Estas personas son acusadas de Traición, que es lo que un grupo selecto de funcionarios gubernamentales de alto nivel de Estados Unidos han hecho: cometer Traición.

La posición de Swift sobre esta cuestión muestra tres cosas. En primer lugar, que es, al menos públicamente, un perdedor crédulo que confía en su gobierno. En segundo lugar, que mataría a cualquier persona antes de otorgarle el debido proceso, sólo porque hay una ley que lo apoya, aunque esa ley se oponga a la Constitución. En tercer lugar, la percepción de la legalidad y la constitucionalidad, como se entendía en el marco de la Constitución de los EE.UU., ha sido cambiada por los llamados expertos legales, ya que si bien el documento garantiza el debido proceso a toda persona acusada de un delito, los que leen, estudian e interpretan la ley no creen que ese derecho deba ser respetado en algunos casos. En resumen, en ninguna parte de la Constitución de los EE.UU. el gobierno está autorizado a capturar, retener indefinidamente o asesinar a ciudadanos sin juicio, y cualquier otra norma creada por los políticos que diga lo contrario es simplemente inconstitucional. Pero los abogados constituyen leyes e interpretaciones de las leyes, de modo que se perciba que tales acciones son legales y constitucionales.

“La Corte Suprema confirmó que es legítimo matar a un ciudadano de los EE.UU., sin violar la quinta enmienda, siempre y cuando se trate de una amenaza inminente”, afirma Swift. El hecho de que el Tribunal Supremo mantiene la prerrogativa que el gobierno se dio a sí mismo de matar a los ciudadanos en el país o en el extranjero no tiene ningún estatus legal, moral o ético. El asesinato es siempre un delito y la idea de que alguna amenaza cuestionable, casi siempre falsa justifica asesinar a alguien realmente está amenazando los pilares jurídicos que sostienen a Estados Unidos como una República.

Sólo porque algo es percibido o interpretado como legal, que no es el caso aquí, no significa que sea constitucional, moral o ético. En otras palabras, una ley no es legal porque es una Ley, sino porque se rige por lo establecido como legal e ilegal, constitucional e inconstitucional en el único documento que debe ser la base para toda actividad gubernamental: la Constitución Política.

El Sr. Swift analiza también la legalidad de la tortura. En el caso de los crímenes cometidos por la administración anterior, Swift sí encuentra argumentos jurídicos para decir que tal cosa es ilegal. “La autorización del uso de la tortura durante los mandatos de George W. Bush es totalmente ilegal”, dijo Swift.

Es importante recordar que muchas de las sesiones de tortura realizadas por el gobierno de Estados Unidos, que se han demostrado que no son herramientas inútiles para obtener información relevante, terminó en la muerte de muchos aquellos que fueron torturados. En este sentido, Swift ve asesinatos cometidos por aviones no tripulados como actos legales, al tiempo que condena el asesinato por métodos como el ahogamiento simulado. Hay aquí un doble estándar?

Cuando se le preguntó acerca de si el gobierno de Obama debería cambiar su estrategia en su supuesto intento de combatir el terrorismo, Swift se apresuró a señalar lo que según él es el aspecto relevante de la discusión. “El debate no debe centrarse en la legalidad de los ataques con aviones no tripulados, sino en su eficacia a largo plazo.  ¿Qué tan efectiva será la lucha contra el terrorismo cuando se hace con un mando a distancia? No es eficaz en lo absoluto. El éxito militar del Ejército no está contribuyendo a la estabilidad política que es lo que los EE.UU. tiene la intención de lograr en Yemen y Afganistán “. Con esto Swift intenta evadir los cuestionamientos legales, éticos y morales al tratar de tornar la discusión hacia la eficacia de los asesinatos en un contexto diferente; el de la supuesta estabilización de la región oriental.

Es evidente que el señor Swift y el gobierno de los EE.UU. tienen mucho en común. Por ejemplo, creen que el derecho universal a la vida no existe cuando una persona tiene la piel morena, lleva un turbante y vive en un país miles de millas de distancia de los EE.UU., donde expresa el odio hacia la política estadounidense.

Por otra parte, la legalidad y la constitucionalidad no son lo que los documentos fundadores de los Estados Unidos dicen que son, sino lo que los abogados dicen que es, no importa cuanto esas interpretaciones de lo que es legal o constitucional se oponen a la Constitución de los EE.UU. y la Carta de Derechos. Por último, pero no menos importante, la legalidad prevalece sobre la moral y la ética. Incluso se podría arriesgar una conjetura y decir que para gente como Barack Obama, un abogado constitucionalista y Christopher Swift, el rasgo de humanidad simplemente carece de sentido, especialmente si hay una ‘puerta trasera’ que se puede usar para destruirlo.

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Asesinar a los estadounidenses es “legal”, “sabio” y “ético”

POR LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | FEBRERO 10, 2013

La oficina legal de la Casa Blanca ha establecido que es legal matar a un ciudadano de los EE.UU. en el extranjero “si un miembro del gobierno” asegura que el objetivo de matar a alguien que representa una “amenaza inminente para el país” es más eficaz que su captura. La Casa Blanca ha dejado claro esta decisión a través de su portavoz, Jay Carney. “El presidente tiene mucho cuidado al llevar a cabo la guerra contra el terrorismo de conformidad con la Constitución y las leyes”, dijo Carney.

La licencia para matar que ha dado el permiso de la administración Obama para acabar con las vidas de los estadounidenses en el extranjero fue expuesta después de que un documento de 16 páginas creado por el Departamento de Justicia estadounidense se hizo público. El documento afirma que asesinar a estadounidenses no viola la Constitución de los EE.UU. o los derechos de los ciudadanos.

En el memorando se extiende el concepto de “ataque inminente” y otorga al Gobierno de los EE.UU. la autoridad, en caso de tener “evidencia concreta” de una conspiración para buscar, localizar y matar a los estadounidenses que la Administración considere peligrosos para los intereses estadounidenses. Aunque en el documento se describen como posibles sospechosos miembros de Al Qaeda, o personas que están a cargo de las operaciones terroristas, lo cierto es que otros documentos, como manuales militares retratan a ciudadanos constitucionalistas, libertarios, partidarios de Ron Paul, propietarios de armas y veteranos como amenazas domésticas que también pueden ser blanco de asesinato. De hecho, en 2012, el gobierno de Obama y el Congreso de EE.UU. aprobaron la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que también permite al presidente asesinar estadounidenses en territorio de EE.UU..

El documento obtenido por NBC News es parte de un memorando legal de 2011 que se pasó a algunos de los miembros de las comisiones de Justicia y de Inteligencia del Senado. Este informe fue escrito meses antes de ponerse en marcha los ataques con aviones no tripulados en Yemen, en un supuesto intento de evitar inminentes ataques terroristas contra los EE.UU. o sus intereses en la región. Uno de esos ataques fue utilizado para asesinar a un ciudadano nacido en los EE.UU. — Anwar Al Awlaki — que supuestamente era miembro de Al-Qaeda. Un detalle importante pero que se oculta en los reportes de la prensa corporativa, es que Awlaki cenó en el Pentágono con los miembros superiores del Departamento de Defensa días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En realidad, Awlaki era un agente estadounidense en la región. Además de al-Awlaki, otros tres estadounidenses murieron en el ataque, entre ellos el hijo del clérigo de 16 años de edad.

Según organizaciones de derechos humanos en los EE.UU., Awlaki sufrió una ejecución extrajudicial, por lo que presentaron quejas contra el gobierno exigiendo saber cual había sido la base legal para esta acción. Awlaki era un ciudadano estadounidense, a quien le gustaba predicar la yihad mientras se refugió en Yemen. Esto significa que él debía haber sido detenido y enjuiciado, dándole la oportunidad de ser juzgado como lo manda la ley.

La Administración de Obama, con el apoyo de varias sentencias judiciales, rechazó repetidamente las solicitudes de los legisladores, grupos de derechos civiles y organizaciones para dar a conocer los estatutos y otra información sobre los eventos extrajudiciales. La administración también se negó a reconocer la existencia de estos eventos.

“Estos ataques con aviones no tripulados son legales, éticos e inteligentes”, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Ahora que el memorando se ha hecho público, Washington tendrá sus manos llenas por un escándalo que no se esperaba.

La administración “es muy cuidadosa” al momento de decidir a quién y cuándo atacar, señaló Carney.

Después de contestar las preguntas de la prensa de la Casa Blanca, Carney fue interrogado acerca de si un joven de 16 años de edad, que murió por el ataque teledirigido que mató a Awlaki, también representaba una amenaza para los Estados Unidos. “Para un presidente que se opone a la tortura y que considera que el ahogamiento simulado como tal, no es una violación de los derechos humanos matar a un ciudadano estadounidense sin juicio?

La semana pasada, el Congreso estadounidense realizó audiencias para confirmar confirmar al hombre elegido por el presidente Obama para encabezar la CIA. John Brennan, uno de los promotores de la estrategia de los ataques con aviones no tripulados y actual asesor anti terrorista de Obama se enfrentó a preguntas sobre la política del gobierno antes de su confirmación. Varios de los congresistas que cuestionaron a Brenan pidieron a la administración revelar los supuestos utilizados para aprobar los ataques con aviones no tripulados en lo que respecta a los ciudadanos estadounidenses.

La carta implicaba la más dura advertencia hecha hasta la fecha contra esa estrategia y senadores acordaron oponerse a las candidaturas para el Pentágono y la CIA, a menos que las notas se hicieran públicas. Por lo tanto, la confirmación de Brennan fue fácil.

Un documento emitido por el grupo de defensa de Open Society Justice Initiative (OSJI) afirmó que al menos 54 países colaboraron “activamente” con el programa secreto de detención ilegal de sospechosos de terrorismo desarrollados por la CIA después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Hoy hemos aprendido que oficialmente esta lista incluye al infame aliado de EE.UU. en el Oriente Medio: Arabia Saudita.

El informe es de más de 200 páginas establece que la administración de George W. Bush abrazó el “lado oscuro” para supuestamente combatir el terrorismo internacional. De acuerdo con el estudio, la administración republicana autorizó numerosas violaciónes de los derechos humanos sin tener en cuenta las leyes estadounidenses o internacionales.

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When does the perception of legality trump morality and ethics?

By LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | FEBRUARY 8, 2013

The dire consequences of having a lawyer as President of a country are well-known by now. According to many lawyers, legality, or the perception of legality trumps morality and ethics. Sometimes even in the absence of legality, immoral and unethical acts are committed and justified with little or no opposition from those who, in other cases, sustain the power of the laws when they benefit their baseless explanations.

The notion that a person or a person on behalf of a country or a group of people can award himself the power to murder others who he thinks are a threat, has no legal, moral or ethical standing. Lawyers, however will tell you the opposite. They will tell you that killing someone whose guilt is yet to be proven can be legal in some cases. They use criteria that is supposedly contained in international, constitutional and national security laws used as justification to execute someone without proving guilt or intention to commit a crime, and in doing so, the right to have due process and the benefit of being tried by a jury of peers is illegally denied.

The latest example of what I call the ‘idiocy of legalities’ is the perception expressed by Christopher Swift, Assistant Professor of National Security Studies at the University of Georgetown. During an interview where he was questioned about the legality, morality and ethics used to support the murder of Americans and thousands of innocents with drones, Swift poses that such action must be analyzed through three different microscopes. First, the legal aspect, where he stands along the murderous policies of the United States government.

In the case of Anwar al-Awlaki — an American citizen assassinated in Yemen by a drone attack — “it met international law,” says Swift, because the man was in a country which authorized the U.S. to use drones in the fight against Al-Qaeda. As we all know by now, al-Awlaki was a U.S. asset in the region. He was an agent of the U.S. government who dined at the Pentagon just days after the 9/11 attacks. He was a member of al-Qaeda, a terrorist organization created by the U.S. government back in the 1970s.

“It also meets constitutional legality,” adds Swift. He says that a U.S. president can order the death of a fellow citizen “even if he is in a foreign country that is at war.” Mr. Swift bases his assumption on the debunked claim that al-Awlaki was plotting to attack United States or an American ally. That claim comes from the same U.S. government who the cleric used to work for, in which case the people in need to be tried and or assassinated would be the members of government who sponsored, kept secret or aided al-Awlaki to supposedly carry out such attacks. In fact, there is a legal mechanism to do that very same thing when people are accused of Treason, which is what a group of hand-picked, high-level government official engage into.

Swift’s position on this issue shows three things. First, he is, at least publicly, a gullible loser who trusts his government. Second, he would kill anyone before awarding him the proper due process, just because there is a law that says so. Third, the perception of legality and constitutionality, as they were understood in the framework of the U.S. Constitution, has been changed by so-called legal experts, because while the document guarantees due process to anyone accused of a crime, those who read, study and interpret the law do not believe such right should be respected in some cases. To sum up, nowhere on the U.S. Constitution the government is allowed to capture, hold indefinitely or murder citizens without a trial, and any law created by politicians that says the contrary is simply unconstitutional. But lawyers make up laws and interpretations of the laws so that it is perceived that such actions are legal and constitutional.

“The Supreme Court upheld that it is legitimate to kill a U.S. citizen without violating the Fifth Amendment as long as it involves an imminent threat,” asserts Swift. The fact that the Supreme Court upholds the prerogative that the government gave itself to kill citizens at home or abroad does not have any legal, moral or ethical standing. Murder is always a crime and the idea that some questionable, bogus threat justifies murdering someone are really threatening to the legal pillars that sustain the United States as a Republic. Just because something is perceived or interpreted as legal, which is not the case here, does not make it constitutional, moral or ethical.

Mr. Swift then analyzed the legality of enhanced interrogations, better known as torture. In the case of the crimes committed by the previous administration, Swift does find the standing to call it illegal. “The authorization of the use of torture during the mandates of George W. Bush is completely illegal,” said Swift. It is important to remember that many of the torture sessions carried out by the United States government, which have been proven not to be useful tools to obtain relevant intelligence, ended up in the death of those who were tortured. In this sense, Swift sees murders committed by people flying high-tech toys as legal, while condemning murder by methods such as water boarding. Double standard?

When questioned about whether the Obama administration should change its strategy in its supposed attempt to fight terrorism, Swift quickly pointed out what according to him is the relevant aspect of the discussion. “The debate should not focus on the legality of drone attacks, but on its long-term effectiveness. How effective will the fight against terrorism be when done with a remote control? Not effective at all. The military success of the Army is not contributing to political stability that is what the U.S. intends to achieve in Yemen and Afghanistan.”

Clearly, Mr. Swift and the U.S. government have a lot in common. For example, they believe that the universal right to life does not exist when a person has brown skin, wears a turban and lives in a country thousands of miles away from the U.S., where he expresses hatred towards American politics. Also, legality and constitutionality are not what the founding documents of the United States say they are, but whatever lawyers say it is; no matter how badly those interpretations of what is legal or constitutional oppose the U.S. Constitution and the Bill of Rights. Last but not least, legality trumps morality and ethics. One could even risk a guess and say that for people like Barack Obama, a constitutional lawyer himself, and Christopher Swift, the trait of humanity is simply meaningless if there is a legal backdoor that can be crossed to destroy it.

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Assassinating Americans is ‘legal’, ‘wise’ and ‘ethical’

By LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | FEBRUARY 6, 2013

The Law Office of the White House has established that it is legal to kill a U.S. citizen overseas “if a senior government member” ensures that the target to kill is someone who poses an “imminent threat to the country” and his capture is not possible. The White House has made that decision clear through spokesman, Jay Carney. “The president is very careful when conducting the war against terrorism in accordance to Constitution and the laws, ” Carney said.

The license to kill which has given the Obama administration permission to end the lives of Americans abroad was exposed after a 16 page document issued by the American Justice Department was made public. The document alleges that murdering Americans does not violate the U.S. Constitution or the rights of citizens.

The memorandum extends the concept of “imminent attack” and grants the U.S. Government the authority, should it have ‘concrete evidence’ of a conspiracy to seek, target and kill Americans which the administration considers dangerous for American interests. Although the document describes potential suspects as members of Al Qaeda, or people who are in charge of terrorist operations, the truth is that other documents such as military manuals portray Constitutionalists, Libertarians, Ron Paul supporters, gun owners and veterans as domestic threats who can also be targeted for assassination. In fact, in 2012, the Obama administration and the U.S. Congress approved the National Defense Authorization Act, which also allows the president to target and murder Americans on U.S. soil.

The paper obtained by NBC news is part of a legal memorandum from 2011 that was passed to some members of the Justice and Intelligence committees of the Senate. This report was written months before drone attacks were launched in Yemen, in a supposed attempt to prevent imminent terror attacks on the U.S. or its interests in the region. One of those attacks was used to murder a U.S. born citizen — Anwar Al Awlaki — who allegedly was a member of Al-Qaeda, but who also dined at the Pentagon with top members of the Department of Defense. In addition to al-Awlaki, three other Americans were killed in the attack, including the 16-year-old son of the cleric.

According to human rights organizations in the U.S., Awlaki suffered an extrajudicial killing and therefore they presented grievances against the government demanding to know what had been the legal basis for this action. Awlaki was an American citizen even if he liked to preach jihad and took refuge in Yemen, which made him subject of detention and a fair legal process that included a trial and chance of appeal.

The Obama Administration, supported by various court rulings – rejected repeatedly any request from lawmakers, civil rights groups and various media organizations to publicize the memorandum and other information on extrajudicial events. The administration also refused to recognize or acknowledged its existence.

“These drone attacks are legal, are ethical and intelligent”, replied the White House spokesman. Now that the memorandum has been made public, Washington will have its hands full over a scandal that it did not expect to deal with until NBC made the memo public.

The administration “is very careful” when deciding who and when to attack, Carney noted.

After answering questions from the White House press, Carney was questioned about whether the 16 year-old boy who was killed by the drone attack that killed Awlaki, also posed a threat to the United States. “For a president who opposes torture and who considers waterboarding as such, is it not a violation of human rights to kill an American citizen without trial?

Tomorrow, the first hearing will be held to confirm the man chosen by President Obama to head the CIA. John Brennan, one of the promoters of the strategy of drone attacks and current counter terrorism adviser to Obama will face questions regarding government policy before his confirmation is completed. In fact, 11 senators have already asked Obama to reveal the assumptions used to approve drone attacks when it comes to U.S. citizens.

The letter implied the toughest warning made to date against that strategy and senators agreed to oppose to any nominations for the Pentagon and the CIA unless the memos were made public. Therefore, Brennan’s confirmation will not be easy.

A document issued by the advocacy group Open Society Justice Initiative (OSJI) claimed that at least 54 countries collaborated “actively” with the secret program of illegal detention of suspected terrorists developed by the CIA after the attacks of September 11, 2001. Today, we have officially learned that this list includes infamous U.S. ally Saudi Arabia.

The report is over 200 pages and states that the administration of George W. Bush embraced the “dark side” to combat international terrorism. According to the study, the Republican administration authorized numerous violations of human rights without regard for U.S. or international laws.

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