¿Cuándo la percepción de legalidad dinamita la ética y la moral?

POR LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | FEBRERO 11, 2013

Las terribles consecuencias de tener un abogado como presidente de un país son bien conocidas. De acuerdo a muchos abogados, la legalidad, o la percepción de la legalidad prevalece sobre la moral y la ética. A veces, incluso en ausencia de legalidad, los actos inmorales y poco éticos se han cometido y justificado con poca o ninguna oposición de aquellos que, en otros casos, mantienen el poder de las leyes que benefician sus explicaciones sin fundamento.

La idea de que una persona o una persona en nombre de un país o un grupo se puede otorgar el poder para matar a otros que él piensa que son una amenaza, no tiene personería jurídica, moral o ética. Algunos abogados, sin embargo dicen lo contrario. Ellos explican que matar a alguien cuya culpabilidad aún no se ha demostrado puede ser legal en algunos casos. Utilizan criterios que supuestamente están contenidos en las leyes de seguridad internacionales, constitucionales y nacionales y las utilizan como justificación para ejecutar a alguien sin demostrar su culpabilidad o intención de cometer un delito, y al hacerlo, socavan el derecho a tener el debido proceso y el beneficio de ser juzgado según la ley.

El ejemplo más reciente de lo que llamo la “idiotez de la legalidad”, es la percepción expresada por Christopher Swift, profesor adjunto de Estudios de Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown. Durante una entrevista donde se le preguntó acerca de la legalidad, la moralidad y la ética que se utilizan para apoyar el asesinato de estadounidenses y miles de inocentes con aviones no tripulados, Swift plantea que dicha acción debe ser analizada a través de tres diferentes microscopios. En primer lugar, el aspecto legal, donde su posición comulga con las políticas asesinas del gobierno de Estados Unidos.

En el caso de Anwar al-Awlaki — un ciudadano estadounidense asesinado en Yemen por un ataque de aviones no tripulados — “cumplía la ley internacional”, dijo Swift, porque el hombre estaba en un país que autorizó a EE.UU. a utilizar aviones no tripulados en la lucha contra Al-Qaeda. Como todos sabemos a estas alturas, al-Awlaki era un agente de EE.UU. en la región. Él era un activo del gobierno de los EE.UU. que cenó en el Pentágono apenas unos días después de los ataques del 9/11. Él era un miembro de Al-Qaeda, la organización terrorista creada por el gobierno de los EE.UU. en la década de 1970, según lo dijo Hillary Clinton en Fox News.

“También cumple con la legalidad constitucional”, añade Swift. Él dice que un presidente de EE.UU. puede ordenar la muerte de un compatriota “, incluso si está en un país extranjero que está en guerra.” Swift basa su hipótesis en la afirmación desacreditada que al-Awlaki estaba conspirando para atacar a los Estados Unidos o un aliado de Estados Unidos.

Esta afirmación proviene del mismo gobierno de los EE.UU. para quien clérigo trabajaba, en cuyo caso las personas a ser juzgadas o asesinadas serían los miembros del gobierno que lo patrocinaron, y mantuvieron en secreto su apoyo a Al-Awlaki, supuestamente para llevar a cabo tales ataques. De hecho, existe un mecanismo legal para castigar a quienes atentan contra el país (EE.UU). Estas personas son acusadas de Traición, que es lo que un grupo selecto de funcionarios gubernamentales de alto nivel de Estados Unidos han hecho: cometer Traición.

La posición de Swift sobre esta cuestión muestra tres cosas. En primer lugar, que es, al menos públicamente, un perdedor crédulo que confía en su gobierno. En segundo lugar, que mataría a cualquier persona antes de otorgarle el debido proceso, sólo porque hay una ley que lo apoya, aunque esa ley se oponga a la Constitución. En tercer lugar, la percepción de la legalidad y la constitucionalidad, como se entendía en el marco de la Constitución de los EE.UU., ha sido cambiada por los llamados expertos legales, ya que si bien el documento garantiza el debido proceso a toda persona acusada de un delito, los que leen, estudian e interpretan la ley no creen que ese derecho deba ser respetado en algunos casos. En resumen, en ninguna parte de la Constitución de los EE.UU. el gobierno está autorizado a capturar, retener indefinidamente o asesinar a ciudadanos sin juicio, y cualquier otra norma creada por los políticos que diga lo contrario es simplemente inconstitucional. Pero los abogados constituyen leyes e interpretaciones de las leyes, de modo que se perciba que tales acciones son legales y constitucionales.

“La Corte Suprema confirmó que es legítimo matar a un ciudadano de los EE.UU., sin violar la quinta enmienda, siempre y cuando se trate de una amenaza inminente”, afirma Swift. El hecho de que el Tribunal Supremo mantiene la prerrogativa que el gobierno se dio a sí mismo de matar a los ciudadanos en el país o en el extranjero no tiene ningún estatus legal, moral o ético. El asesinato es siempre un delito y la idea de que alguna amenaza cuestionable, casi siempre falsa justifica asesinar a alguien realmente está amenazando los pilares jurídicos que sostienen a Estados Unidos como una República.

Sólo porque algo es percibido o interpretado como legal, que no es el caso aquí, no significa que sea constitucional, moral o ético. En otras palabras, una ley no es legal porque es una Ley, sino porque se rige por lo establecido como legal e ilegal, constitucional e inconstitucional en el único documento que debe ser la base para toda actividad gubernamental: la Constitución Política.

El Sr. Swift analiza también la legalidad de la tortura. En el caso de los crímenes cometidos por la administración anterior, Swift sí encuentra argumentos jurídicos para decir que tal cosa es ilegal. “La autorización del uso de la tortura durante los mandatos de George W. Bush es totalmente ilegal”, dijo Swift.

Es importante recordar que muchas de las sesiones de tortura realizadas por el gobierno de Estados Unidos, que se han demostrado que no son herramientas inútiles para obtener información relevante, terminó en la muerte de muchos aquellos que fueron torturados. En este sentido, Swift ve asesinatos cometidos por aviones no tripulados como actos legales, al tiempo que condena el asesinato por métodos como el ahogamiento simulado. Hay aquí un doble estándar?

Cuando se le preguntó acerca de si el gobierno de Obama debería cambiar su estrategia en su supuesto intento de combatir el terrorismo, Swift se apresuró a señalar lo que según él es el aspecto relevante de la discusión. “El debate no debe centrarse en la legalidad de los ataques con aviones no tripulados, sino en su eficacia a largo plazo.  ¿Qué tan efectiva será la lucha contra el terrorismo cuando se hace con un mando a distancia? No es eficaz en lo absoluto. El éxito militar del Ejército no está contribuyendo a la estabilidad política que es lo que los EE.UU. tiene la intención de lograr en Yemen y Afganistán “. Con esto Swift intenta evadir los cuestionamientos legales, éticos y morales al tratar de tornar la discusión hacia la eficacia de los asesinatos en un contexto diferente; el de la supuesta estabilización de la región oriental.

Es evidente que el señor Swift y el gobierno de los EE.UU. tienen mucho en común. Por ejemplo, creen que el derecho universal a la vida no existe cuando una persona tiene la piel morena, lleva un turbante y vive en un país miles de millas de distancia de los EE.UU., donde expresa el odio hacia la política estadounidense.

Por otra parte, la legalidad y la constitucionalidad no son lo que los documentos fundadores de los Estados Unidos dicen que son, sino lo que los abogados dicen que es, no importa cuanto esas interpretaciones de lo que es legal o constitucional se oponen a la Constitución de los EE.UU. y la Carta de Derechos. Por último, pero no menos importante, la legalidad prevalece sobre la moral y la ética. Incluso se podría arriesgar una conjetura y decir que para gente como Barack Obama, un abogado constitucionalista y Christopher Swift, el rasgo de humanidad simplemente carece de sentido, especialmente si hay una ‘puerta trasera’ que se puede usar para destruirlo.

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Universidades de EE.UU. y Farmacéuticas Experimentan Ilegalmente en Africanos

Traducción Luis Miranda
People’s Constitution
09 de noviembre 2011

Un nuevo informe culpa a prominentes instituciones educativas y compañías farmacéuticas como Pfizer, la Universidad de Columbia, Johns Hopkins University, y el Population Council, por su participación en la experimentación humana ilegal en África.

El informe se titula “Investigación sin Consentimiento en África: La externalización de Tuskegee”, en referencia a los experimentos humanos ilegales realizados en Tuskegee, Alabama, entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los EE.UU.. En ese experimento, unos 6oo hombres afro-americanos fueron observados en un estudio sobre la progresión de la sífilis no tratada. Algunos de los hombres fueron intencionalmente infectados con la enfermedad y a todos ellos se les negó la cura. Lamentablemente, el informe señala, nadie era responsable de este crimen contra la humanidad.

Los nuevos detalles del Informe detalla los experimentos dirigidos por investigadores de los EE.UU. y las compañías farmacéuticas sobre los africanos, que por lo general carecen de educación, son pobres, y carecen de la comprensión plena de sus derechos. A ellos a menudo se les hace creer que están recibiendo el tratamiento médico de los servicios de salud gubernamentales o ministerios de salud.

Estas prácticas se remontan a los experimentos atroces llevados a cabo por investigadores de los EE.UU. en Guatemala en la década de 1940, donde cientos de guatemaltecos fueron infectados deliberadamente con enfermedades de transmisión sexual sin información ni consentimiento. El presidente Obama se disculpó formalmente con Guatemala por estos experimentos el año pasado.

Experimentación con seres humanos en los Estados Unidos está regulada por la Oficina de Integridad en la Investigación y varias Juntas de Investigación Institucional de Ética. Muchos países africanos carecen de estas instituciones, pero incluso cuando existen, carecen de independencia y son controladas por funcionarios corruptos del gobierno.

En un experimento sobre el VIH patrocinado por Gilead Sciences, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), y la Fundación Bill y Melinda Gates y que es operado por Family Health International, se dieron detalles de los experimentos en inglés a personas en Camerún, aunque muchos sólo hablaban francés y/o eran analfabetas. Cinco mujeres fueron infectadas con el VIH en el experimento, pero no se les dio los medicamentos antirretrovirales.

En otro experimento en Nigeria dirigido por médicos de Pfizer, los investigadores inyectaron a los niños con un antibiótico llamado Trovan durante una epidemia de meningitis sin proporcionar a sus familias con los formularios de consentimiento informado que revelen completamente los efectos secundarios y el propósito del experimento. Once niños murieron y muchos se quedaron paralizados.

En Sudáfrica y Namibia, las madres con VIH / SIDA son rutinariamente esterilizadas sin su consentimiento. Los países que llevan a cabo estos procedimientos son conocidos por recibir fondos en forma de subvenciones e incentivos de las organizaciones de ayuda USAID, ONU, Bill y Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation y otros.

El informe explica que los investigadores de EE.UU. y las empresas farmacéuticas violan las leyes y los protocolos de la Declaración de Helsinki (1964) y el Informe Belmont que proporcionan las directrices éticas sobre la experimentación con seres humanos.

Por otra parte, los resultados de experimentos poco éticos y fraudulentos se lavan en los Estados Unidos y Europa a través del sistema de revisión por pares. Muchos de los “pares” que revisan estos experimentos están involucrados en la misma conducta sin ética que deben evitar. Otros están preocupados por la posibilidad de alienación profesional si hablan.

Los autores hacen varias peticiones para que estas prácticas terminen. Entre las medidas propuestas están la realización de audiencias en el Congreso para que el asunto sea llevado a la atención del público y la promulgación de nuevas leyes para asegurar que los medicamentos no sean aprobados por la Administración de Medicamentos y Comidas (FDA) a menos que la investigación en la que se basan cumplan con los principios éticos de investigación.